:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/nwXhEgzL1ObofW3zE4784cg8ppY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AOF2RYX3GFFOXHINAYUXABVFTY.jpg)
Se ha dicho que el Festival de Teatro, cuando lo dirigía Fanny Mikey, nunca dejó deudas superiores a $600 millones y que el primer evento que se celebró sin ella arrojó pérdidas superiores a los $6.000 millones ¿Por qué, entonces, el ministerio bajo su dirección, le dio $13.000 millones de recursos públicos a esa fundación?
Los $600 millones es un dato que aportó el presidente de la junta directiva (William Cruz). Yo hablé de $300 millones de pérdida en uno de los festivales, no en el último que dirigió Fanny, que arrojó un superávit de $472 millones. Los $13.000 millones han sido los aportes del Ministerio de Cultura de 2010 a 2016. Nunca hemos desconocido la importancia que el Festival Iberoamericano de Teatro tiene para Bogotá y para el país y creemos que es nuestra obligación brindarle apoyo. Por eso, e independientemente de las diferencias motivadas por los resultados financieros, organizativos y administrativos, nuestra posición siempre ha sido que se trata de un legado que es indispensable conservar.
Pero es comprensible que sin la sugestiva presencia y particular don de gentes de Fanny, la gestión del Festival hubiera tenido dificultades económicas una vez ella desapareció…
Hasta se puede llegar a comprender, pero jamás justificar un déficit tan alto en el primer festival sin Fanny Mikey. Lo que no resulta aceptable es que los balances negativos se repitan festival tras festival, sin que sus directivos tomen medidas de fondo ni asuman responsabilidades. Dígame usted, ¿cuál junta directiva o cuál director o gerente de cualquier entidad pública o privada permanece imperturbable y estático en su cargo si presenta, año tras año, una situación deficitaria?
Precisamente usted ha dicho que “la administración del Festival deja mucho que desear”. ¿Cree que la solución para enderezar el manejo de la fundación es el retiro de la directora, Anamarta de Pizarro, y de su junta directiva?
Yo digo que cuando se pasa del Festival de Fanny, con un resultado superior a los $400 millones de superávit, al primero sin ella, con una cifra superior a los $7.000 millones en pérdidas (para no mencionar las ediciones posteriores), se está obligado a pensar en una recomposición, en una reingeniería. La institución está en la obligación de implementar medidas para que esa situación se supere y, ante todo, para que no se vuelva a repetir. Pero ese tema es competencia y responsabilidad de la junta y de la gerencia de la corporación.
¿Qué haría el Ministerio de Cultura en caso de que la línea directiva continúe en manos de las mismas personas? ¿Pensaría en un veto?
Le insisto en que jamás hemos pensado en dejar sin apoyo el Festival. Hemos tomado medidas para tener una auditoría muy estricta sobre la manera como se invierten los recursos que les entregamos para que coincida con el proyecto que se le presenta al Ministerio y que nosotros aprobamos.
En una entrevista de “El Tiempo” a Anamarta de Pizarro y su gerente, Guillermo Hernández, este último dijo que “los $13.000 millones era lo mínimo que debía hacer” el Estado y que “ahora se saca a relucir… como si hubieran descubierto que el agua moja”. ¿Cómo interpreta esas frases, ratificadas en un comunicado de la junta en que asegura que esa cifra solo es el 12 % del total de lo invertido?
Ahora desestiman el aporte del Ministerio de Cultura. No obstante, con el hueco que quedó en 2010, y si nosotros no le hubiéramos dado la mano a la corporación para que pagara sus deudas y se pusiera al día con muchos proveedores, la edición 2012 nunca se hubiera podido realizar. La subsistencia del evento se debió, en ese momento, a nuestro aporte, que no debe medirse solo en porcentajes sino en oportunidad. No es lo mismo que a usted la acompañen a nadar un día tranquilo a que la saquen del agua cuando se está ahogando.
¿No piensa que esas expresiones del gerente —un tanto soberbias— implican un desafío del Festival a usted como ministra?
En una empresa cultural, todo suma. Ahora parece que nuestros aportes no fueron apreciados, ni tampoco fueron significativos. Si eso es así, el Festival puede tomar la decisión de no presentarse a las convocatorias públicas y abiertas del Ministerio, forma en que se accede a nuestros recursos. En todo caso, repito, nuestra voluntad de contribuir a su éxito seguirá siendo indeclinable.
En ese mismo comunicado se señala al Ministerio por darle al estatal Teatro Colón $50.000 millones para su restauración y $27.000 millones más “sin que tenga hoy los permisos del Distrito para su funcionamiento”. ¿Qué responde?
Como se dice popularmente, eso es revolver peras con manzanas. El Teatro Colón hace parte integral del Ministerio de Cultura, es una de sus sedes. Allí se ha adelantado, de manera directa, un proceso de recuperación. No sé cómo se puede comparar el proceso de restauración de un bien de interés cultural del ámbito nacional con la realización de un festival de teatro que una fundación de carácter privado tiene a su cargo.
Claramente, la junta de la corporación le echa ácido a la herida cuando dice que “en el año 2010… realizamos el XII Festival con la producción general de Manuel José Álvarez, actual director del Teatro Colón…”. La junta sugiere que el responsable de las pérdidas de ese año es el actual director del Colón…
No hay necesidad de explicarlo: para cualquiera es claro que un productor, cargo que desempeñó Manuel José Álvarez en el Iberoamericano de 2010, es subalterno de la junta y de la dirección; no es quien ejecuta los presupuestos, no celebra los contratos ni ordena los gastos. Ojalá que sea sincero el anuncio reciente de la junta de cambiar y que se dé a la tarea de reorganizarse y hacer lo propio con la entidad. En el comunicado se dicen muchas otras cosas que me sorprenden. Por ejemplo, que el Teatro Nacional cuenta con un patrimonio de $19.000 millones y que sus ingresos por taquilla y otros proyectos fueron de $8.000 millones. Con esos exitosos resultados, es absolutamente incomprensible que se castigue, despidiéndolo, a su director ejecutivo (Daniel Álvarez Mikey) y que simultáneamente se mantenga, sin cuestionamiento alguno, a los miembros de la junta y a la dirección de la corporación cuando el Festival genera pérdidas en cada edición.
Usted habló de un giro que le hizo su Ministerio al Festival en 2012, de casi $2.000 millones. La cuenta en que se recibió la plata estaba embargada y nadie se lo advirtió, según contó. ¿Se rompió la confianza en ese momento?
Nuestra participación en la junta, que fue aproximadamente de trece meses, iba encaminada a proponer tres aspectos: 1. Insistir en que era obligatorio que el Festival del año 2012 se redujera para que no generara nuevos déficits. 2. Proponer otro tipo de estructura para el manejo financiero y evitar la concentración de funciones y tareas diversas en su directora. 3. Contribuir a la búsqueda de mecanismos y recursos para solventar el déficit de 2010. Al finalizar el Festival 2012, y pese a estos propósitos, se repitió la historia deficitaria y se le propuso a la junta hipotecar los teatros de su propiedad. Me opuse radicalmente a ello para no poner en riesgo el patrimonio y decidimos retirarnos, pues me di cuenta de que nuestra participación en la junta era simplemente decorativa.
¿A cuál acumulación poco técnica de funciones se refiere?
Mientras hice parte de la junta vi una gran acumulación de funciones en cabeza de Anamarta: ella es la directora ejecutiva, la responsable de presentar los informes financieros a la junta, la rectora de contenidos de cada festival, la encargada de realizar los viajes internacionales y tomar decisiones en la curaduría del evento. También es su comercializadora, porque visita patrocinadores y marcas para que se vinculen al Festival. Y además participa en la producción artística y técnica. Todo depende de ella.
¿Cuánto giraron y para qué, exactamente?
Cuando se nos informó que el Festival requería $1.600 millones para el cumplimiento de sus compromisos, realizamos de inmediato un aporte para evitar las hipotecas y giramos a una cuenta de la corporación. Nadie, ni la directora, ni el gerente, ni el presidente de la junta, me advirtieron que no trasladáramos el dinero para que no quedara atrapado en el embargo. El primero que se entera de una situación de esas es el titular de la misma. Alegar ahora que ninguno tenía conocimiento de ese hecho es faltar a la verdad. Me molesté mucho y perdí por completo la confianza en ellos, es cierto. A partir de entonces, el Ministerio continuó apoyando el evento, pero mediante convenios de asociación y con una interventoría muy estricta.
Usted aludió, en una entrevista, a una primera gerente que había dejado por escrito sus reclamos sobre manejos pocos profesionales hace unos años. ¿Por qué no trascendió nada en ese momento?
La doctora Mónica Ramírez, quien fue designada como asesora, aunque parecía ejercer como gerente, envió una carta a la junta presentando su renuncia y un informe en el que exponía las razones de la misma. Entregaron en la junta esa carta. La directora del Festival y el presidente de la junta explicaron que la habían analizado en detalle, que nada de lo escrito allí era cierto y que la revisoría fiscal estaba tranquila con lo que había encontrado. La señora Ramírez se fue y llegó Guillermo Hernández a la gerencia, cargo que ocupa en la actualidad. Tal vez nos faltó prestarle más atención a lo que ella sostuvo en aquella ocasión.
Hoy se sabe que el retiro de varios miembros particulares de la junta en 2012 (Diego León Hoyos, Andrés Hoyos, Carlos Duque y Jorge Alí Triana) se produjo por el incidente de la cuenta embargada. La división de la junta en esa época, cuando se fueron ellos cuatro y también salieron Ana Milena Muñoz y Leo Katz, ¿qué relación tiene con la crisis de hoy?
Ese momento fue, tal vez, el primer campanazo de lo que podría ocurrir después. En la carta de renuncia de los cuatro miembros que usted menciona se planteó la necesidad de iniciar una reestructuración y se hizo un llamado a que otras entidades públicas y privadas, y a que personas diferentes a las que estaban ahí, conformaran la junta. Simplemente, los renunciantes y el Ministerio supimos que éramos incómodos para esa junta y ésta decidió continuar como si nada. Nadie salió, nada se modificó, aparte de los retiros comentados, y nadie fue reemplazado. Hoy están los mismos miembros que quedaron en 2012.
Volviendo a los sucesos del presente, Daniel Álvarez Mikey aseguró que dos de los teatros que dejó Fanny (Nacional y La Castellana) iban a ser hipotecados, pero la junta lo niega…
No es la primera vez que la idea de hipotecar los teatros está sobre la mesa. Como le conté antes, fue un tema que se discutió en la última junta a la que asistió el Ministerio, hace cuatro años. Evitamos que eso ocurriera con la consecución de los recursos de que ya hablamos. Hoy no sé cuánto avanzaron en esa idea, pero no es un secreto que los créditos se respaldan con bienes reales y que, cuando éstos no existen como garantía, el préstamo no es viable dentro del régimen que impera en el sistema bancario.
Del otro lado, el gerente Guillermo Hernández afirma que el Ministerio no cumplió con “su obligación” de convocar un comité financiero que garantizaría la conservación del Festival como patrimonio cultural de la nación, lo que le hubiera ayudado a solventar sus problemas. ¿Es cierto?
Me gusta que esa supuesta obligación me la mencione entre comillas. Las leyes de honores, como esa a la que alude, han sido ampliamente analizadas por la Corte Constitucional y, a no ser que queden incorporadas a los planes de desarrollo, no tienen impacto práctico alguno. El artículo que menciona la creación del comité financiero siempre nos ha generado dudas jurídicas: estaría integrado por los ministros de Cultura, Hacienda y Comercio, por un representante de la Comisión Nacional de Televisión, que ya no existe, y por el director ejecutivo del Festival. Su misión es la de conseguir recursos públicos para el evento. ¿Será que una ley puede obligar a unos ministros a sentarse en un supuesto comité asesor de una entidad privada que participará en una convocatoria pública para acceder a recursos de sus propios despachos? Reclamar ahora la existencia del comité no parece estar en concordancia con la poca importancia que la junta les da a los recursos públicos del orden nacional.
Finalmente, la junta dice en su comunicado que “se ratifica en todas sus decisiones”. Si el Ministerio no tiene el poder de control sobre el ente privado Corporación Festival de Teatro, ¿quién o quiénes pueden hacerlo?
Las funciones de control le corresponden al Distrito Capital, pues Bogotá es la sede del Festival. El mes pasado, abril de 2016, la administración de la ciudad ya lo hizo por iniciativa propia y porque tiene la competencia. En desarrollo de sus competencias, dio inicio a una investigación preliminar contra la corporación. En el oficio en que lo hace se afirman cosas como que “probablemente su administración (del Festival) no ha sido adecuada y presenta un alto grado de iliquidez” (ver parte superior de la pág.). Esperemos que su vigilancia arroje resultados pronto, por el bien del Iberoamericano y de los ciudadanos.
¿Usted no puede pedirle a la Alcaldía que actúe de consuno con el Ministerio?
No solamente puedo sino que ya lo hemos conversado. La intención del Distrito es actuar en concordancia con el Ministerio mediante consultas mutuas. Luego, este esfuerzo aunado es un hecho.
¿Es posible que sobreviva el Festival de Teatro sin el apoyo del Estado, concretamente, sin la ayuda y voluntad del Ministerio de Cultura?
Yo diría que el apoyo del Estado es y ha sido fundamental, pero participar en las convocatorias públicas, como lo dije antes, es una decisión de los administradores del Iberoamericano, no una obligación. Y de sus aseveraciones se deduce que ya no volverán a presentarse. Es una posición extraña, porque si la directora del Festival dice en un medio radial, como lo dijo, que el déficit de la versión 2016 del evento fue de $3.900 millones, sin los recursos del Ministerio habría tenido que sumarle otros $2.360 millones, que fue lo que le entregamos. Juzgue usted si nuestro aporte es importante o no.
Dificultades con el Distrito
La Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, de la Alcaldía de Bogotá, le envió hace poco una citación (ID 6933) a la revisora fiscal del Festival de Teatro, Nancy Esmeralda Cano, en la que le pedía asistir a una reunión el pasado 28 de abril. Allí se le informa que “a la Corporación se le han inyectado recursos públicos (de Bogotá) por $44.324’459.000 que probablemente se utilizarían para sostener esa entidad, pero que su administración no ha sido adecuada…”. Y añade que “en un anterior informe financiero se le(s) recomendó que informara qué planes, programas, medidas y acciones de mejora se adoptarían con el fin de subsanar las observaciones efectuadas…”. Lo más negativo, sin embargo, se encuentra cuando afirma que “con relación al capital de trabajo se observa que se encuentra negativo, que no tiene cómo pagar sus obligaciones a corto plazo (siendo), a la vez su nivel de endeudamiento muy alto …”. Se le advierte al Festival que puede estar “incurso en el marco de las entidades que presentan pérdidas recurrentes y (que), por lo tanto, se le ha iniciado un proceso de “Averiguación Preliminar”. Firma la subdirectora (e) Gloria Astrid Mesa. La revisora del Festival no fue a la cita según se supo.
Hallazgos perturbadores de una auditoría
En una carta enviada hace casi un año, en julio de 2015, Daniel Álvarez Mikey, hijo de la fundadora del Festival de Teatro, Fanny Mikey, ya advertía sobre “situaciones anormales” que encontró una auditoría contratada por él como director ejecutivo y representante legal del Teatro Nacional (TN). Este es uno de los bienes que les dejó Fanny, de herencia, a Bogotá y a Colombia. Álvarez menciona un pago, sin su conocimiento ni aprobación, de $24 millones por honorarios al gerente del Festival, Guillermo Hernández. Esa corporación tiene una personería jurídica diferente al TN. Por eso, Álvarez encontró irregular ese pago. Además denunció otros pagos por honorarios, por $20 millones cada uno, a tres personas más, uno de ellos aprobado por la misma beneficiada. También se refirió a liquidaciones equivocadas, a contratos con empresas de publicidad mal elaborados, a pólizas que exigía el Ministerio de Cultura sin pagar, a “servicios de alimentación” por el orden de $10 millones sin soportes ni recibos, y a decisiones que se tomaban en la junta sin consultarlo, pese a ser el responsable jurídico del manejo del Teatro Nacional. Las dificultades venían, pues, desde hace tiempo. Simplemente, explotaron ahora (ver documento en la página web).
Carta Daniel Alvarez Mikey a Junta Festival Iberoamericano Mayo 2016 Queja by Anonymous c26KXGgXm7
COMUNICADO DEL FESTIVAL DE TEATRO
1. La visión de Fanny estuvo siempre orientada a promover la consolidación del teatro colombiano y su producción local; así como a la circulación de las artes escénicas internacionales, para tal fin fundó dos entidades privadas, sin ánimo de lucro: el Teatro Nacional y el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, como plataformas para que esa visión se apuntalara.
2. Como miembros de la Junta Directiva de las dos entidades, durante más de 30 años acompañamos a Fanny Mikey en todos y cada uno de sus proyectos, hoy, 8 años después de su lamentable fallecimiento, nuestra función es honrar su memoria manteniendo vivo su legado.
3. Hoy el legado de Fanny está vigente en tres salas, un centro de formación, y un Festival, que cada dos años da cita a lo más selecto del teatro nacional e internacional, su público, cuyo respaldo ha sido masivo a través de las XV ediciones del Festival, es reconocido por los artistas invitados como el mejor público del mundo.
4. La historia financiera de estas instituciones está entrelazada desde su fundación, hoy el Teatro Nacional cuenta con un patrimonio de $19.000 millones, sus ingresos en taquilla y demás proyectos en el año 2015 fueron de $8.000 millones. La XV versión del Festival contó con un presupuesto de gastos en el año 2016 de $30.000 millones, manejando todos los ingresos efectivos por intermedio de la Fiduciaria Alianza, así como lo hizo en la versión anterior.
5. Los costos acumulados de los últimos 4 festivales ascendieron a $107.000 millones, el Ministerio de Cultura aportó para la preproducción y producción de estas 4 ediciones un total $13.000 millones, que equivalen al 12% del total, la ejecución de este monto ha sido legalizada bajo los requisitos exigidos por el Ministerio. La taquilla recauda aproximadamente el 50% del valor del Festival, el resto de los recursos se gestionan frente al Distrito Capital, el sector privado y la cooperación internacional.
6. La última edición el Festival contó con un aforo de 350.000 localidades en 17 días y el 80% de asistencia —cifra récord en sus XV ediciones— el aporte del Ministerio de Cultura fue de $2.300 millones. Es interesante comparar con los fondos que se destinaron al Teatro Colón, el cual cuenta con 750 localidades por día, recibió del Ministerio $50.000 millones para su restauración y recibirá $27.000 millones más en el 2016, sin que tenga hoy los correspondientes permisos de las entidades distritales para su funcionamiento.
7. El Festival según un estudio de la Universidad de los Andes logra un efecto multiplicador en la economía de la ciudad, cada peso invertido se convierte en 4,3 pesos. En resumen el Festival mueve en la economía de la ciudad $120.000 millones por cada edición (es decir $516.000 millones desde el 2010), en actividades de turismo, transporte, hotelería y demás servicios relacionados.
8. En el año 2010, después de la muerte de Fanny, realizamos el XII Festival con la producción general de Manuel José Álvarez, actual director del Teatro Colón. Ésta edición produjo pérdidas por $7.500 millones, deuda que se ha venido pagando desde esa fecha.
9. Hoy el Festival ha reducido sus obligaciones pendientes a $4.000 millones (el 3,7% del total de la inversión del proyecto), que queremos apalancar en parte, como cualquier otra entidad privada, con créditos en el sector financiero. Seguiremos empeñados en el pago de este pasivo que consideramos fundamental para la viabilidad del mismo. Desafortunadamente situaciones de la economía nacional, como el diferencial cambiario, nos han sido adversos.
10. Festivales internacionales de teatro equivalentes en prestigio al nuestro (Cervantino, Aviñón y Edimburgo) son financiados casi en su totalidad con recursos del Estado. Es necesario destacar que el modelo de gestión de Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá es único en el mundo y merece especial atención y cuidado por parte del Ministerio de Cultura; quien, a pesar de nuestra gestión para que el Congreso de la República lo declarara Patrimonio Cultural de la Nación, no cumplió con su obligación de convocar al Comité Financiero destinado a garantizar su conservación (L.1686/2013). Este Comité es el escenario adecuado para analizar las dificultades financieras del Festival, y no la crítica a la gestión de la Junta Directiva a través de algunos medios de comunicación. Estas vías de hecho ocasionan graves perjuicios a nuestras marcas, los cuales estamos evaluando.
11. La Junta Directiva se ratifica en todas sus decisiones, y seguirá en el empeño de mantener vivo este legado.